“La principal brecha de calidad es la de la deficiente institucionalidad y regulación urbana”

El arquitecto y socio de la CChC considera que la institucionalidad urbana de nuestro país no ha evolucionado acorde a las necesidades y demandas de la población.

En el contexto del Premio Aporte Urbano, PAU 2017, el miembro del jurado destaca cómo este reconocimiento ha impulsado el interés en la industria por mejorar la calidad de los proyectos.

Desde la primera edición del PAU a la fecha, ¿qué cambios reconoce en las contribuciones de los proyectos inmobiliarios a los espacios públicos?

Producto del PAU, vemos un creciente interés de los proyectistas y mandantes, por la calidad de la inserción y aporte urbano de los proyectos. Se ha reforzado la idea de que éstos no se constituyen como un hecho aislado, sino que son parte relevante de la trama urbana y que su calidad depende también de cómo se insertan en ella estos proyectos. Esto incide en la diferenciación y en su valorización en el tiempo.

Actualmente, ¿cuáles son las externalidades positivas que más se identifican con la visión de la CChC? ¿Y cuáles son las negativas que busca evitar?

El premio cuenta con un jurado variado que representa a sectores público y privado, y convoca a algunos de los profesionales más prestigiosos en el ámbito de la arquitectura y planificación urbana. El jurado tiene una mirada crítica que le permite discernir aquellos proyectos en los que realmente se ha hecho un esfuerzo por una mejor inserción en la ciudad. Los atributos premiados son variados, pero constituyen una señal clara de que es posible producir impactos positivos a partir de los nuevos proyectos. Un punto pendiente es el de mejorar la difusión de los resultados, de manera de socializar las virtudes premiadas, y favorecer que éstas sirvan de inspiración para los nuevos desarrollos.

¿Qué características deben tener los proyectos inmobiliarios para reducir la brecha de calidad de vida urbana en el país?

La principal brecha de calidad es la de la deficiente institucionalidad y regulación urbana. Ella no está a la altura de las necesidades de un país en crecimiento, dinámico, con una población de mayores ingresos y con demandas más sofisticadas. La inserción de los proyectos en un medio débilmente planificado, y con espacios urbanos que no se corresponden con las nuevas demandas sociales, siempre será conflictiva. Este premio no va a resolver esta tensión, pero expresa que estamos disponibles para trabajar en superar estas brechas, y desde ya estimular el desarrollo de mejores prácticas que enriquezcan el espacio público y permitan a los ciudadanos valorar el cambio.

Las nuevas viviendas subsidiables buscan evitar problemas urbanos históricos. Al respecto, ¿qué características destaca de las más recientes?

Los proyectos de vivienda económica y la vivienda social están muy presionados por el costo de suelo, regulatorios y otros, pero ha sido de primordial importancia el valorar en éstos su aporte en términos de mejor inserción en los barrios, su aporte a completar la vialidad estructurante, la entrega de áreas verdes bien concebidas y equipamiento suplementario.

También ha sido importante constatar el desarrollo de nuevos prototipos de soluciones en densidad con gran calidad.

En los últimos años, la vinculación de los proyectos inmobiliarios con las comunidades es más importante. ¿Cómo se puede asegurar el mejor resultado para ambas partes?

La relación con la comunidad nos interesa en dos dimensiones; la de mitigar los impactos durante el período de construcción, que siempre son fuente de molestias para los vecinos y que pueden ser abordadas con mejor información, cuidado del entorno y atención permanente a las inquietudes emergentes de estos vecinos. Esta primera mirada es la que se ha intentado abordar con el desarrollo de “Buenas Prácticas” para la construcción.

En segundo término, el proyecto debe ser valorado en su impacto cuando está terminado y en operación. ¿Cómo impacta en la trama vial?, ¿Aporta nueva dotación de áreas verdes y servicios? En definitiva, ¿aporta o deteriora barrios y la convivencia que se produce en ellos? Este aspecto, que es más complejo, debe ser abordado desde la mirada de políticas públicas, planificación, pero también valorando el esfuerzo de mandantes y proyectistas por desarrollar nuevas obras de alto estándar y con una mirada de aporte al entorno urbano. Esta segunda parte es la que estamos premiando en el PAU.

Las obras de mitigación de los proyectos varían según las ciudades, pero hay temas transversales. ¿Cuáles cree que son las obras más necesarias?

Las ciudades chilenas se ven fuertemente presionadas por demandas propias del crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, cada día entran mil autos nuevos. Si lo vemos en las viviendas, hablamos de la cuarta parte de esta cifra, o sea, 250 viviendas nuevas diarias por 365 días del año. Estas presiones nos obligan a contar con una planificación que vaya delante de esta demanda y que permita desarrollar redes de transporte para minimizar el uso del auto. También, obliga a tener políticas de suelo que favorezcan un desarrollo armónico de las ciudades, integrando las decisiones de uso del suelo con el transporte y otras demandas. Asociados a éstas, requerimos definir estándares mínimos, ya sea en materia de infraestructura, equipamiento, áreas verdes y espacio público.

Finalmente, esta planificación no puede hacerse entre cuatro paredes, sino que con una adecuada participación de la ciudadanía, desde etapas tempranas y para dar legitimidad a la institucionalidad urbana, reduciendo los conflictos y mejorando nuestras ciudades.

“EL JURADO TIENE UNA MIRADA CRÍTICA QUE LE PERMITE DISCERNIR AQUELLOS PROYECTOS EN LOS QUE REALMENTE SE HA HECHO UN ESFUERZO POR UNA MEJOR INSERCIÓN EN LA CIUDAD”.